Carme Sánchez Ors – Tenemos una ciudadanía algo más concienciada de sus derechos, que defiende ante los usos de las administraciones públicas pero no cuestiona ante servicios gratuitos privados; disparidad de criterios entre las autoridades de control, y, en el estado español, administraciones que, gracias a su régimen especial, continúan sin nombrar sus DPD, nombramientos a dedo de personas no especializadas e independencia cuestionable, y escasos recursos para aquellas personas que han asumido muy profesionalmente su rol de DPD, o empresas que continúan contratando servicios de baja calidad donde priman únicamente el bajo precio. Pero estoy orgullosa del crecimiento de cientos de profesionales que se esfuerzan en capacitarse, en mejorar cada día, en esta apasionante profesión.