La AEPD publica su memoria de 2011


 

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Nota de prensa de la AEPD

 

 

La AEPD registró en 2011 un incremento del 50% en las denuncias y del 34% en las solicitudes de tutela de derechos.

Las resoluciones declarativas de infracción crecieron un 37,7%, con un total de 898 resoluciones dirigidas tanto a responsables privados como a Administraciones Públicas.

En el sector privado 312 resoluciones concluyeron con un apercibimiento y 505 impusieron sanciones económicas, con montante total que superó los 19,5 millones de euros.

Los ámbitos en los que se ha concentrado el mayor número de resoluciones declarativas de infracción fueron videovigilancia, las empresas de telecomunicaciones y el sector financiero.

Aumentaron las reclamaciones de personas cuyos datos han sido tratados de forma indebida en ficheros de morosidad y por casos de fraude o suplantación en la contratación de servicios.

Se incrementan las consultas ciudadanas y las reclamaciones para solicitar ante la AEPD la tutela en la cancelación de datos en Internet, y/o evitar que sus datos aparezcan en buscadores.

La Memoria analiza la relevancia de nuevos retos como cloud computing, el reconocimiento facial o la seguridad en Internet.

24 de septiembre de 2012. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha publicado hoy su Memoria correspondiente a 2011, que recoge la evolución registrada en la actividad de las distintas áreas de la institución, los ámbitos y acontecimientos más destacados y, en particular, el incremento experimentado por las denuncias recibidas, y el número de solicitudes de tutela de derechos recibidas.

En el ejercicio de 2011, las denuncias registradas en la Agencia han aumentado en un 51,6% (7.648) respecto a las presentadas en 2010 (5.045). El mayor número de denuncias ha incidido en las actuaciones previas de investigación, que consolidan el crecimiento de los años anteriores, incrementándose en un 25,26% adicional (5.389).

Atendiendo a los sectores o ámbitos de actividad con mayor número de denuncias y actuaciones de investigación, en primer lugar, se encuentra el sector de las telecomunicaciones con 1.378; la videovigilancia con 871 actuaciones previas de investigación; entidades financieras con 841; servicios de internet (principalmente por brechas de medidas de seguridad o la difusión de datos sin consentimiento) con 288 actuaciones previas de investigación; y comunicaciones electrónicas comerciales y spam con 270 actuaciones previas de investigación.

En cuanto a las áreas temáticas en las que se produce mayor crecimiento de las actuaciones, sobresalen las siguientes: la difusión de datos personales en internet y la vulnerabilidad de las medidas de seguridad en internet (medidas de identificación y autenticación insuficientes, mal configuradas o mal implementadas, errores en la configuración del servidor web, acceso a datos del fichero mediante la modificación de los parámetros de una URL), y la morosidad. En este último ámbito destacan los casos de fraude o suplantación en la prestación del consentimiento en la contratación (que deriva en muchos de los casos en la inclusión en ficheros de morosidad de los datos de la persona suplantada); supuestos de inclusión indebida de los datos del deudor en ficheros de morosidad y casos de vulneración del deber de secreto en llamadas para el recobro de deudas.

En cuanto a la procedencia de las denuncias, la Comunidad de Madrid se mantiene en el primer puesto con 1.495, seguida por Andalucía con 780 y en tercer lugar se encuentra Cataluña, con 576.

Las solicitudes de ciudadanos que acudieron a la AEPD recabando la tutela de sus derechos a acceder, cancelar, oponerse o rectificar sus datos, alcanzaron la cifra de 2.230, registrándose un incremento del 34% respecto al año anterior.

Entre las solicitudes de tutelas destacan las relativas al llamado derecho al olvido en internet, que se ha configurado como un derecho cada vez mas reclamado por los ciudadanos. Las demandas en ejercicio de los derechos para lograr la cancelación de datos en Internet, y/o para evitar que los datos personales figuren en los resultados de los buscadores se consolida y amplia año a año. En este sentido de las tres solicitudes iniciales recibidas en la Agencia en 2007 se ha pasado a las 160 reclamaciones de 2011.

Distribución de resoluciones y sanciones

El incremento de las denuncias presentadas en 2011 ha generado un crecimiento en el número de resoluciones declarativas de infracción del 37,7%, alcanzándose un total de 898 resoluciones declarativas de infracción, de las cuales 817 tuvieron como destinatarios a responsables privados y 81 a Administraciones Públicas.

De las 817 resoluciones declarativas de infracción que recayeron sobre el sector privado, 505 resoluciones culminaron con sanción económica, y 312 concluyeron con un apercibimiento. Destaca la relevancia cuantitativa del apercibimiento desde la entrada en vigor de la reforma del régimen sancionador el 6 de marzo de 2011 que introdujo esta figura, como pone de manifiesto el elevado porcentaje que representan sobre el total de resoluciones en las que se declara el incumplimiento de la LOPD, un 44% del total de las dictadas desde la entrada en vigor de la reforma.

Los sectores en los que se han concentrado un mayor número de resoluciones declarativas de infracción (sanción económica o apercibimiento) fueron en primer lugar el sector de videovigilancia, que con 281 resoluciones sancionadoras (un incremento de casi el 60% respecto a 2010) continúa en el primer puesto. En segundo lugar permanece el sector de las empresas de telecomunicaciones, con 220 resoluciones y, en tercer lugar, se encuentra el sector financiero (58).

El montante total de las sanciones económicas superó la suma de 19,5 millones de euros, incrementándose un 12% respecto al año anterior. En cuanto a la distribución de la cuantía de las sanciones, los sectores con mayor importe global de sanciones fueron: el sector de telecomunicaciones -que aglutinó más del 63% del global de las sanciones- con 12,3 millones de euros, seguido por el sector financiero, con 3,8 millones, las entidades de suministro y comercialización de gas, electricidad y agua, con algo más de 1 millón de euros, la videovigilancia con 494.000 euros y las comunicaciones electrónicas comerciales – spam (LSSI)-, con 305.000 euros.

En cuanto a los procedimientos de declaraciones de infracción relativas a las Administraciones Públicas, también se ha producido cierto incremento respecto al año pasado: de 76 procedimientos se pasa a 99, debido principalmente a 32 resoluciones relacionadas con Registros de la Propiedad. De los 99 procedimientos tramitados, 81 finalizaron con una declaración de infracción.

Consultas de la ciudadanía

El número de consultas dirigidas al Servicio de Atención al Ciudadano alcanzó la cifra de 134.635, incrementando así el dato del pasado año en un 28,40%. Destaca el número de consultas atendidas a través del servicio telefónico de la Agencia (113.579), por cuanto se impone como cauce preferido frente a las atendidas tanto de forma escrita como presencial.

Junto a las tradicionales consultas relacionadas con la inscripción de ficheros, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) se mantiene como principal objeto de consulta por la ciudadanía en un porcentaje próximo al 30% (28,81%). Resulta indicativo del rechazo que a los ciudadanos les suscita que se utilice indebidamente su información personal que un elevado porcentaje de estas cuestiones están relacionadas con el ejercicio del derecho de cancelación, y con el modo de ejercer el derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales.

Resultan también reseñables por su novedad -pese al reducido porcentaje de consultas (2,50%)- las solicitudes de información sobre las posibilidades de exclusión de las guías telefónicas para evitar la publicidad telefónica.

Ficheros inscritos

Las cifras de inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos, siguen en ascenso de forma progresiva. Los datos de 2011 reflejan un incremento de 464.599 nuevos ficheros, con lo que ya se supera la cifra global de 2,6 millones de ficheros inscritos (2.491.968 de ellos son de titularidad privada y 117.503 de titularidad pública), lo cual representa un incremento del 22% respecto al año anterior.

Por lo que respecta a la finalidad de los ficheros, siguen a la cabeza aquellos que tienen como finalidad declarada la gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa, seguidos de los ficheros de recursos humanos y de gestión de nóminas. Pero al mismo tiempo, los destinados a fines de videovigilancia se han visto incrementados en 2011 con 36.803 nuevos ficheros, alcanzando una cifra global de 105.875.

Por comunidades autónomas, la que presenta mayor número de ficheros notificados, tanto públicos como privados, es Cataluña con 465.156, seguida de Madrid con 364.769 y en tercer lugar Andalucía con 369.907.

Gabinete Jurídico y sentencias

El área jurídica de la AEPD, emitió el pasado año un total de 484 informes en los que se dio respuesta a consultas planteadas tanto por órganos de Administraciones Públicas como por entidades privadas. Atendiendo a su objeto, destacan los informes relacionados con la cesión de datos personales (185), así como los relacionados con ficheros públicos (83).

En cuanto a las sentencias de la Audiencia Nacional recaídas en los recursos interpuestos contra resoluciones de la AEPD, del total de 222 sentencias, 63 fueron desestimatorias, 17 inadmisiones, 52 estimatorias, y 90 resultaron parcialmente estimatorias. En relación con estas últimas, es necesario tener en cuenta que la mayoría (en concreto, 80) no modificaban el criterio de la Agencia en cuanto al fondo del asunto, sino que la estimación parcial se produce como consecuencia de la aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionador establecido por la Ley 2/2011. La reforma de la LOPD operada por esta Ley comporta una notable reducción en el importe de las sanciones y se aplica retroactivamente en lo que resulta más favorable. Ello ha tenido como consecuencia que durante el año 2011 se haya producido un "efecto estadístico" que se traduce en un incremento de las sentencias parcialmente estimatorias. Efecto que no implica, sin embargo, un mayor grado de cuestionamiento de los criterios interpretativos de la Agencia por parte de la Audiencia Nacional dado que en la mayoría de los casos (80 de 90) se limita a reducir el importe de sanciones impuestas con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma porque así lo exige el principio de retroactividad, pero confirma en todo lo demás las valoraciones y los pronunciamientos de la Agencia.

Por su parte, el Tribunal Supremo, dicto un total de 33 sentencias. En 14 sentencias declaró no haber lugar a los recursos interpuestos contra sentencias de la Audiencia Nacional que confirmaban las resoluciones de la Agencia, que devinieron así definitivamente firmes; en 5 casos estimó los recursos interpuestos contra sentencias de la Audiencia que confirmaban las resoluciones de la Agencia y declaró su nulidad; en 12 supuestos resolvió no haber lugar al recurso interpuesto por la representación procesal de la Agencia contra sentencias que estimaban los recursos interpuestos contra la resolución de esta Agencia; y finalmente, en dos supuestos acordó la inadmisión del recurso.

Asimismo la Memoria destaca en su apartado de sentencias la importante sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 24 de noviembre de 2011, por la que se resolvían las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo en el marco de los recursos interpuestos contra el Reglamento de la LOPD.

Retos para la privacidad

Junto con las estadísticas y la información detallada sobre la actividad de la Agencia, en la Memoria 2011 se analizan algunos de los retos más relevantes que actualmente tiene planteados la protección de datos tales como: la seguridad y la protección de la privacidad en Internet, las demandas de “derecho al olvido”, el cloud computing; los riesgos derivados de la geolocalización o el reconocimiento facial, y se expone el modo en el que la Agencia los está afrontando. Por último, se expone la evolución europea e internacional en materia de protección de datos y se da cuenta de las actividades de la Agencia Española en estos ámbitos.