En los últimos años, con la entrada de Internet, la Administración pública ha tenido que adapatarse al desarrollo de la innovación tecnológica. La jornada quiere tratar las formas para una aplicación y un funcionamiento correcto, e informar de sus beneficios, tanto para la Administración como para el ciudadano.

La segunda parte de la jornada se centra en la presentación del nuevo libro "La protección de datos en Estados federales y plurinacionales, que es una recopilación de las actividades relativas al proyecto de los tres últimos años sobre la protección de datos personales entre las autoridades de los estados federales y plurinacionales.

Esta sesión se celebra el día 19 de marzo a las 10.30 en el salón de actos del palacete Casades del Ilustro Colegio de Abogados de Barcelona, calle Mallorca,. 283 de Barcelona.

Para la inscripción y más información, puede consultar el programa de la jornada (en castellano).

Enlace a la página informativa de la APDCAT

Resumen del programa

Inauguración: Esther Mitjans, directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos

Los derechos y las garantías de la ciudadanía en la administración electrónica: una visión desde el estado autonómico.

Julián Valero Torrijos. Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia. Secretario APEP

Las asociaciones de profesionales de la privacidad.

Carme Sánchez Ors. Responsable de protección de datos de la Diputación de Barcelona. Vicepresidenta APEP.

Este Boletín sólo está disponible para los asociados. Se podrá descargar desde esta web cuando se envíe el próximo número de APEP Informa.

Al igual que se hizo con la Fundación Tripartita, se ha solicitado la celebración de la oportuna reunión para hacer entrega de forma presencial del dossier informativo que la Asociación viene elaborando con la colaboración de sus asociados.

El escrito presentado se puede encontrar en la sección de DOCUMENTOS.

Hoy, de forma conjunta con la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC), se ha presentado en el Registro de la Fundación Tripartita escrito reflejando el posicionamiento de ambas asociaciones frente a este tema, solicitando la actuación de dicho organismo y la celebración de una reunión en la que de forma directa poder hacer entrega de la documentación que al respecto se ha ido recopilando.

Esta  no es un actuación aislada, sino que en las próximas fechas se presentarán escritos en el mismo sentido ante el resto de organismos administrativos con competencias en este tema.

Nuevamente os solicitamos que nos remitías a la dirección de contacto de la Asociación (contacto@apep.es)  toda aquella documentación relacionada con este asunto de la que tengáis conocimiento.

El escrito se puede encontrar en la sección de DOCUMENTOS.

El fin de esas reuniones fue doble:

Así, por una parte, se presentó a APEP como vehículo de interlocución entre el sector profesional de la privacidad y los partidos políticos y restantes agentes sociales, para lo que se entregó a los representantes de dichas formaciones un dossier informativo sobre los fines y acciones que estamos llevando cabo.

Y por otra parte, se aprovecharon ambas reuniones, con el partido gubernamental y con el principal partido de la oposición, para informarles sobre el asunto de la LOPD COSTE CERO, de las iniciativas que la asociación está llevando al respecto. Por parte de los representantes de la junta se recabó de las formaciones políticas su interés en este asunto, recibiendo una respuesta positiva y el compromiso de someterlo a estudio.

• Constitución de una Mesa de Seguimiento e Interpretación, que servirá a modo de canal de comunicación para la resolución de dudas jurídicas, interpretaciones normativas y estudio de las mismas.
• Impulsar la participación de ambas entidades en jornadas y eventos de las mismas.
• Colaborar en el ámbito de la investigación científica y desarrollo tecnológico
• Facilitar la publicación de artículos en las publicaciones de ambas entidades, etc.

La Disposición adicional cuarta modifica la letra b) del apartado 5 del artículo 81 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que pasa a tener la siguiente redacción

«b) Se trate de ficheros o tratamientos en los que de forma incidental o accesoria se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad.»

Redacción original

5. En caso de ficheros o tratamientos de datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual bastará la implantación de las medidas de seguridad de nivel básico cuando:

a) Los datos se utilicen con la única finalidad de realizar una transferencia dineraria a las entidades de las que los afectados sean asociados o miembros.

b) Se trate de ficheros o tratamientos no automatizados en los que de forma incidental o accesoria se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad.

Se ha eliminado “no automatizados”.

Se reproduce aquí el artículo publicado en el diario La Opinión, escrito por Julián Valero, secretario de APEP:

Hoy 28 de enero se celebra el “Día Europeo de Protección de Datos”,  promovido por el Consejo de Europa, la Comisión Europea y las  autoridades de protección de datos de los países miembros de la Unión  Europea con el objetivo principal de impulsar el conocimiento de los derechos en materia de protección de datos y privacidad entre los ciudadanos.

En el actual estadio evolutivo de la tecnología, diez años después de la aprobación de la la Ley Orgánica 15/1999, la efectividad  de este derecho fundamental se enfrenta a un desafío de enorme  relevancia, fundamentalmente como consecuencia de la generalización  del uso de Internet en todos los ámbitos que ha tenido lugar en los  últimos años, de manera que es necesario llevar a cabo relevantes  adaptaciones en el enfoque jurídico en que tradicionalmente se ha  basado la garantía de este derecho.
De una parte, la protección jurídica que tradicionalmente se ha  configurado a partir de la la identificación de la persona ha de dejar  paso a conceptos más complejos como el anonimato “reversible”,  teniendo en cuenta en todo caso las necesidades de la seguridad y  otras exigencias vinculadas al interés público. De otra, la esencial  facultad del consentimiento ha de adaptarse a un entorno donde existe  un flujo inconsciente de información, de manera que principios  generales como la legitimidad y la proporcionalidad en el tratamiento  de la información personal adquieren una mayor relevancia que ha de  ser precisada.

Asimismo, el papel de los prestadores de servicios de  intermediación no puede compararse sin más como simples encargados de  tratamientos, tal y como demuestra la actual problemática con el  intercambio de ficheros y la propiedad intelectual.
Más aún, la puesta a disposición de información personal en Internet  -en especial por los poderes públicos y en las redes sociales- supone un fenómeno desconocido hasta ahora tanto cualitativa como  cuantitativamente, por lo que resulta imprescindible reconfigurar las  relaciones con otros derechos y libertades fundamentales como la  libertad de expresión (caso de los blogs), el secreto de las comunicaciones -con las enormes posibilidades de cifrado de datos- o,  incluso, de los intereses públicos en la difusión de la información  administrativa (tablones de anuncios, diarios oficiales).

Dadas las  mayores posibilidades que ofrecen las redes telemáticas, la  Administración electrónica hoy día sólo se concibe fundamentalmente a  partir del intercambio automatizado de información y el uso de la  firma electrónica (en particular el DNI electrónico), exigencias que  suponen un mayor flujo de información personal y su potencial  concentración en manos de unas cuantas autoridades administrativas.

En  última instancia, la dimensión mundial de Internet nos obliga a tener  en cuenta las implicaciones que dicha configuración plantea tanto para  la determinación de la legislación aplicable como de la jurisdicción  competente, incluyendo las autoridades nacionales de control en  materia de protección de datos.

En definitiva, como consecuencia de la singularidad las referidas  implicaciones que plantea la tecnología y de su incidencia en los  perfiles tradicionales de este derecho, es necesario articular un  marco normativo que, superando las referidas insuficiencias propias de  un modelo de regulación ya desfasado, permita hacer frente con mayor eficacia a los desafíos que plantea a la posición jurídica de los  ciudadanos quienes, en definitiva, son los titulares del derecho a la  protección de los datos personales.

Julián Valero Torrijos, profesor de Derecho Administrativo en la  Universidad de Murcia y Secretario de la Asociación Profesional  Española de Privacidad (APEP)

Vídeo de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid

Vídeo de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.