Aumentan las empresas en riesgo por el uso indebido de fondos para formación.


 

La Fundación Tripartita advierte en un nuevo comunicado sobre las condiciones de uso de las bonificaciones en cursos de formación que APEP considera insuficiente e ineficaz.

Un nuevo comunicado de la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo pone de manifiesto que posiblemente se estén produciendo casos de fraude relacionados con la impartición de cursos sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El tono empleado por la Fundación y la advertencia sobre la necesidad de acreditar la participación de los trabajadores apunta claramente a un nuevo caso del llamado Coste 0. Como es sabido, este consiste en ofrecer un curso financiado con fondos y “regalar” un asesoramiento vinculado al contenido del curso.

Desde la Asociación Profesional Española de Privacidad-APEP damos la bienvenida a este comunicado que sin embargo consideramos insuficiente e ineficaz. Es insuficiente porque la Fundación ha tenido conocimiento en los últimos años no ya de decenas de casos sino de cientos de ellos, y su reacción pública se ha limitado a emitir notas de prensa recordando “cómo se cumple la Ley”. Es ineficaz porque lejos de amedrentar a las empresas que se dedican a prácticas tan lucrativas como de dudosa moralidad produce un sangrante efecto llamada.

La Fundación posee medios más que suficientes para iniciar acciones legales, para cooperar de modo efectivo con la Inspección de Trabajo y para establecer si el uso de sus fondos como señuelo para un paquete combinado de servicios afecta a los más elementales principios de la competencia. Asimismo, es la Fundación quien a la vista de los hechos debería impulsar a través del Gobierno cambios reglamentarios o legales que tipifiquen e impidan estas prácticas.

No se duda de la buena fe de sus gestores, pero cualquier profesional con la mínima capacidad de leer y entender sabe perfectamente cuales son las condiciones para beneficiarse de los fondos de formación. Sin embargo, lo que la sociedad española debe saber es qué se ha hecho para impedir este tipo de actuaciones, cuantas sanciones se han dictado y a quienes se ha impuesto las mismas. ¿Tras dos, casi tres años de reclamaciones hay alguna empresa Coste 0 que haya dejado de estar acreditada para impartir la formación?

La sociedad española debe saber que en un momento de crisis económica aguda, en el que los ciudadanos vemos recortar las prestaciones del Estado, en el que todos hacemos un enorme esfuerzo con nuestros impuestos para remontar un déficit público desbordado, un conjunto de empresas hacen su agosto a cargo del erario público.

Sin embargo, no es esto lo más grave. La complejidad de nuestra sociedad obliga al legislador a dictar normas en distintos sectores que requieren de un asesoramiento especializado y ello ha determinado la aparición de nuevos nichos de empleo y emprendimiento. En un momento particularmente duro profesionales de la economía, la abogacía, la informática o el marketing encuentran espacio para el emprendimiento y la generación de riqueza en ámbitos como la protección de datos, el blanqueo de capitales o el social media. Y crean empleo mientras un conjunto de desaprensivos aprovechando los fondos de formación ofrece servicios “low cost”. Esto genera un grave perjuicio social:

· Primero, es imposible auditar e implementar medidas de cumplimiento normativo a un precio de 420 Euros, ello sólo puede conducir a un asesoramiento epidérmico y ofrecer una falsa sensación de seguridad a la empresa asesorada.

· Segundo, de la mano de una competencia “bonificada” se condena a la ruina a un sector emergente y se echa por la borda años de formación y especialización.

· Existe un tercer riesgo ¿en cuantos casos en lugar de formar se entrega un test con el solucionario aparte? ¿se está formando realmente? Deseamos creer que así es, pero de no serlo ¿qué dimensión moral y jurídica cabría atribuir a la cuestión?, ¿estaríamos ante una nueva quiebra del sistema de formación bonificada en España?